Norman Quijano no goza de fuero constitucional hasta que tome posesión de su cargo en el PARLACEN

La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) resolvió el pasado 9 de septiembre la consulta prejudicial solicitada por la Cámara Primera de lo Penal con relación a la situación jurídica del diputado electo para el Parlamento Centroamericano (Parlacen), Norman Quijano.

La Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro solicitó la consulta a la CCJ para conocer si Norman Quijano tiene o no fuero como diputado electo del Parlacen y si eso evitaría su extradición solicitada en El Salvador.

Ante esa solicitud la Corte Centroamericana manifestó que para que una persona goce del régimen de inmunidades y privilegios parlamentarios debe cumplirse tres requisitos, entre ellos, tomar posesión de su cargo, y Norman Quijano lo hará hasta el próximo 28 de octubre.

¿Cuáles son los requisitos que Norman Quijano debería de cumplir para tener fuero constitucional?

El primero de estos es que sea declarada y acreditada su elección de forma válida y legítima por la autoridad nacional competente. Además, que el diputado electo, tome posesión de su cargo frente al Parlamento Centroamericano; y por último que se encuentre dentro del período para el cual fue electo.

«Los diputados electos no pueden gozar de inmunidades y privilegios atinentes al Parlamento Centroamericano, en tanto no se cumplan los tres requisitos ya mencionados en la respuesta anterior para considerarse diputados parlacénicos», dicta la resolución de la Corte.

El pasado 6 de mayo el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, al finalizar la audiencia inicial, giró orden de capturar al exdiputado del partido ARENA. La Fiscalía le atribuye los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, tras haberse reunido con cabecillas de pandillas a quienes supuestamente les entregó $100,000 para que votaran por su partido.

Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal ordenó el 27 de agosto suspender temporalmente el proceso contra Norman Quijano, quien es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos antes mencionados, mientras la CCJ no respondía a la consulta.

Tras la resolución, los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal serán los que decidan sobre la situación jurídica del exdiputado arenero.