Asesor jurídico de la Presidencia aclara que el Estado no pasará a su nombre unidades de Catalino Miranda

El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, explicó que el Estado no tiene interés de expropiar o confiscar bienes de Catalino Miranda, sino que está aplicando medidas cautelares por supuestas acciones fuera de la ley cometidas por el transportistas.

El abogado señaló que ante el incumplimiento del contrato de subsidio por parte de Miranda, la ley da la facultad para suspender el acuerdo, pero se mandata que no se interrumpa el servicio.

La Ley de Procedimientos Administrativos avala el uso de los buses y microbuses para que el servicio de transporte no se paralice mientras se buscan soluciones a la problemática, agregó el asesor presidencial.

La Constitución establece que el Estado es el propietario de las líneas y que este se las otorga, con ciertas cláusulas para garantizar el buen servicio, algo que autoriza la interrupción en caso se detecte alguna ilegalidad.

Argueta también aclaró que la detención de Miranda no está ligada al proceso de la concesión del transporte y que se debe investigar si hay otros tipos relacionados a la tentativa de interrupción del servicio público.

El consultó recordó que esta administración es la primera en hacer valer este contrato y que gobiernos anteriores no se atrevieron debido a la relación que los unía con este sector.